La autora reflexiona sobre la necesidad de más trabajadores de salud mental para la atención comunitaria y primaria en la ciudad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la Salud Mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es decir que la salud mental no es sólo la ausencia de trastornos mentales.
En el marco de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. El Estado reconoce a las personas con padecimiento mental, entre otros, el derecho a que dicho padecimiento no sea considerado un estado inmodificable.
Por otra parte, la OMS sostiene que las enfermedades mentales afectan a grandes grupos poblacionales, en especial los de estratos socioeconómicos más bajos y con escasos servicios de atención. Existe una brecha en materia de tratamiento que en los países con ingresos bajos y medios bajos es superior al 75%. Tanto la OMS como la Organización Panamericana de la Salud, hacen hincapié en que la atención centrada en el hospital psiquiátrico tiene que ser reemplazada por una prestación de servicios descentralizados, participativa, integral, continua, preventiva y basada en la comunidad.
De esta manera, y teniendo en cuenta la cifra antes citada, reducir la brecha de tratamiento existente, es uno de los grandes desafíos que enfrentan los sistemas de salud en nuestro continente, pero que paradójicamente la respuesta de los servicios de salud es inadecuada e insuficiente. Esto puede deberse a una multiplicidad de razones, entre ellas, por un lado los escasos profesionales prestando servicios, y por otro, el desconocimiento, por parte de la población, de la existencia de los centros especializados, mitos, etc.
Al respecto, algunas de las recomendaciones de la OPS, en su resolución CD49.R17 del Consejo Directivo, es por ejemplo, apoyar la participación eficaz de la comunidad, (tanto usuarios como sus familiares) en actividades destinadas a promover y proteger la salud mental de la población. Además considerar el fortalecimiento de los recursos humanos y fortalecer las alianzas con sectores gubernamentales, no gubernamentales y otros actores sociales claves (sacerdotes por ejemplo).
Dicha capacitación contribuiría de alguna manera a reducir la brecha de atención brindada por las organizaciones de salud, siendo una herramienta práctica en el abordaje de las problemáticas que surgen en las consultas que las personas hacen a los sectores no formales de salud (iglesias, medicina alternativa, etc). Esto último, teniendo en cuenta que la salud mental es una base importante para el bienestar y funcionamiento efectivo del individuo y la comunidad.
Así, el gran desafío del trabajo en la comunidad se centra en la interacción entre los servicios y la población asistida, que pasa a jugar un papel determinante en la identificación de sus necesidades y la respuesta correspondiente. Dicho cambio de paradigma requiere pasar de “curar la enfermedad” a “hacerse cargo de la persona”. Esto último hace necesario una mirada multidisciplinaria, pero además, supone localizar y movilizar otros recursos que el servicio de salud mental no posee, y que son necesarios para satisfacer las necesidades de los usuarios; de allí la importancia de identificar y saber usar los recursos que la comunidad ofrece.
En este sentido, y teniendo en cuenta el número de habitantes del Departamento Río Cuarto en particular, en relación a los centros de salud, se podría decir que las demandas exceden a los mismos. Por este motivo se hace prioritario crear estrategias tendientes a capacitar agentes comunitarios que trabajen en red con dichos centros.
La organización o forma de prestación de los servicios informales de salud mental a nivel comunitario es muy variada e incluye estructuras tales como servicios de orientación, grupos de autoayuda, centros de consulta sin cita previa, gestión de casos, programas de divulgación, centros de intervención en crisis, etc.
Es necesario formar una gama más amplia de trabajadores de salud mental (para la atención comunitaria y la atención primaria) versados en el conocimiento de las nuevas formas de sufrimiento psíquico que afectan a las poblaciones para, de ese modo, permitir la adopción de nuevos marcos teóricos, metodológicos operativos y de salud mental.
Se requiere además que la formación conlleve una verdadera transformación del conocimiento que a menudo precisa deshacer ideas, vale decir, destruir para reconstruir.
Lic. Prof. Mariela R. Caraballo. – Psicóloga MP. 2552
Presidenta de la Delegación Río Cuarto del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba
